Desde La Confederación Española de Hoteles y alojamientos turísticos se calcula que existen medio millón de apartamentos ilegales en España. Situación que crea escenarios de competencia desleal, fraude fiscal y que genera más economía sumergida. La regularización de los alojamientos turísticos ha pasado a ser una prioridad para el Gobierno, teniendo en cuenta la riqueza que éste aporta al país.

Cataluña fue la primera comunidad autónoma en reaccionar, puso en marcha un proceso informativo a ayuntamientos y empresas sobre la regularización en materia turística. En un año se han regularizado 25.690 viviendas de uso turístico. Los que no están regularizados se exponen a sanciones y las empresas que se promocionen a través de Internet se exponen a su cierre.

Las medidas ejecutadas en Cataluña han servido para que otras comunidades autónomas de pongan las pilas. Andalucía ya ha pactado con los empresarios un real decreto donde establece la obligatoriedad de que todos los establecimientos turísticos estén inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, además la tramitación será de forma gratuita. El texto considera viviendas de uso turístico todas aquellas “ubicadas en inmuebles levantados en suelo con uso residencial, excepto las rurales, que ofrezcan alojamiento de forma habitual y con fines turísticos”. Los que no lo hagan se exponen a multas que oscilan entre 2.000 y 150.000 euros. Además también establece unos mínimos en relación a la ventilación, sistemas de refrigeración, un botiquín y un extintor.

El Objetivo d ela regularización de los alojamientos turísticos

El objetivo es acabar con una oferta ilegal que supone, según cálculos empresariales, el 20% de las plazas que se comercializan. El año pasado se detectaron 683 infracciones solo en Andalucía. Se calcula que en Andalucía existen aún 50.000 alojamientos turísticos sin declarar.

Madrid es la siguiente que actuará en este ámbito. La Comunidad Madrileña ya tiene un texto para regular las viviendas. Los objetivos del texto serán, garantizar los derechos de los usuarios y evitar la competencia desleal. Los propietarios podrán empezar a alquilar la vivienda una vez que la registren ante la Comunidad (con una declaración responsable es suficiente) y no todos deberán contar con una licencia municipal específica.