La saturación turística, junto con la subida exponencial de los precios de alquiler no vacacional en Barcelona, han hecho que los ciudadanos empiecen a tener una sensibilización negativa entorno al principal sector de la ciudad. Es por eso que el Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto manos a la obra. Ya hace un año que el principal órgano político de la ciudad empezó la ofensiva para regular el sector de los apartamentos turísticos. Entre julio del 2016 y el mismo mes del 2017, el Ayuntamiento de Barcelona ha dictado 2.332 órdenes de cese de actividad, de las que se han acatado ya 744. Se han ordenado también 145 precintos. Por lo tanto en un año se han cerrado casi un millar de apartamentos turísticos ilegales.

La problemática va mucho más allá del simple alquiler de un apartamento, dado que en muchas ocasiones el propietario del apartamento no tiene conocimiento que su arrendado realquila el apartamento por días, obteniendo así un beneficio propio importante exento de cualquier tipo de impuesto o tasa turística. Esta situación se da en un 15% de los apartamentos turísticos ilegales.

Las principales plataformas web de alquiler vacacional (Airbnb, Wimdu…) están viendo como las instituciones públicas empiezan a presionarles para que no publiciten ni promocionen apartamentos que carecen de licencia. Es por eso que la legislación entorno a estas plataformas se ha endurecido de forma importante.