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Valencia

Valencia quiere acabar con la competencia desleal en el sector de los apartamentos turísticos

Valencia se une a la iniciativa de Barcelona, Madrid y demás ciudades españolas, para hacer frente a un problema regulatorio de ámbito nacional. Se trata de la competencia desleal que sufren las empresas de apartamentos turísticos enfrente a los apartamentos turísticos piratas amparados en las plataformas web de alquiler. El realquiler que no paga impuestos, que no entiende de solidaridad vecinal y que de foma clandestina se lucra.

Se insta al control, por parte de la Agencia Valenciana, tanto de los apartamentos como a las plataformas web que les permiten publicitarse, de esta forma los ayuntamientos podrán controlar de forma eficiente la oferta de alojamiento turístico.

De esta forma se establecerá un marco regulatorio, donde todos jueguen con las mismas reglas y se pase a un mercado competitivo. El Ayuntamiento por su parte aumentará la recaudación y podrá limitar las licencias si se prevé una saturación turística que puede alterar el bienestar de los ciudadanos de Valencia. En caso de seguir operando fuera de este marco, las multas pueden ser muy agresivas, para marcar al paso y la línea.

En conclusión, Valencia sigue el hilo dejado por Madrid y Barcelona y quiere regular la oferta turística, para evitar posibles situaciones de saturación turística, así como negocios piratas amparados por empresas muy fuertes de alquiler de vivienda.

Barcelona

Barcelona echa el cerco a los apartamentos turísticos ilegales.

La saturación turística, junto con la subida exponencial de los precios de alquiler no vacacional en Barcelona, han hecho que los ciudadanos empiecen a tener una sensibilización negativa entorno al principal sector de la ciudad. Es por eso que el Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto manos a la obra. Ya hace un año que el principal órgano político de la ciudad empezó la ofensiva para regular el sector de los apartamentos turísticos. Entre julio del 2016 y el mismo mes del 2017, el Ayuntamiento de Barcelona ha dictado 2.332 órdenes de cese de actividad, de las que se han acatado ya 744. Se han ordenado también 145 precintos. Por lo tanto en un año se han cerrado casi un millar de apartamentos turísticos ilegales.

La problemática va mucho más allá del simple alquiler de un apartamento, dado que en muchas ocasiones el propietario del apartamento no tiene conocimiento que su arrendado realquila el apartamento por días, obteniendo así un beneficio propio importante exento de cualquier tipo de impuesto o tasa turística. Esta situación se da en un 15% de los apartamentos turísticos ilegales.

Las principales plataformas web de alquiler vacacional (Airbnb, Wimdu…) están viendo como las instituciones públicas empiezan a presionarles para que no publiciten ni promocionen apartamentos que carecen de licencia. Es por eso que la legislación entorno a estas plataformas se ha endurecido de forma importante.